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Valoración sobre la anulación de cláusulas abusivas del contrato para la gestión del proyecto de reforma de Anoeta

El pasado día 20, el Órgano Administrativo de Recursos Contractuales (OARC), anuló tres de las cinco cláusulas de los pliegos de condiciones del contrato de “Gestion integrada del proyecto de construcción para la remodelación del Estadio de Anoeta en Donostia/San Sebastián” impugnadas por Irabazi Donostia.

Las cláusulas anuladas por el OARC nos reafirman en lo que venimos denunciando desde hace tiempo: que las cosas no se están haciendo bien, ni de manera transparente, y que no hay financiación.

Los artículos anulados por el OARC son los derivados de la falta de disponibilidad financiera, que han llevado a Anoeta Kiroldegia (AK) a establecer una serie de condiciones no permitidas por la legalidad vigente y que ahora tiene que corregir.

Además, el hecho de que AK haya manifestado que no va a recurrir la resolución del OARC y que va a adaptar el pliego de condiciones, es otra muestra más de que tenemos razón cuando decimos que las cosas no se están haciendo bien.

No estamos hablando de arreglar la cocina de casa, estamos hablando de un proyecto que, inicialmente, va a costar más de 50 millones de euros (sin contar los probables desvíos a la alza), y que de una forma u otra se pretende que lo financien las instituciones públicas. Se recortan y se cuestionan servicios públicos imprescindibles porque no hay dinero, pero no hay problema para llevar adelante un proyecto multimillonario que ni siquiera cumple al 100% con la legalidad vigente.

A título de ejemplo, faltan 6M de € en el presupuesto del Gobierno Vasco (GV) para hacer frente a las Ayudas de Emergencia Social en Euskadi. Y paralelamente estamos hablando de una inversión de 10 millones  de euros en la remodelación de Anoeta.

AK ha manifestado que las cláusulas anuladas debilitan la posición de la administración al restarle atribuciones para resolver, suspender o modificar el contrato. Esto no es más que una excusa para no reconocer lo que ya dice el OARC: que se han introducido cláusulas no permitidas por la legalidad vigente, que suponen actuaciones arbitrarias, contrarias al principio de igualdad y que pueden provocar que haya empresas que desistan de presentarse al concurso. Lo que a su vez supone un menor número de ofertas para su contraste. ¿Para un proyecto de esa envergadura es mejor que se presenten muchas empresas o pocas?

Lo que debilita la posición de la administración no es la decisión del OARC. Lo que debilita la posición de la administración es el hecho de organizar una licitación, sin tener financiación clara e incluyendo triquiñuelas no legales para solventar esa falta de dinero.

La inclusión de las cláusulas que el OARC ha considerado abusivas demuestra que la financiación sigue siendo borrosa. Los promotores de la remodelación dicen que los documentos para la financiación de parte del Gobierno Vasco y de la Diputación de Gipuzkoa están a punto de firmarse, algo como mínimo dudoso. Si la financiación está asegurada, ¿por qué arriesgarse a incluir estas cláusulas? No tiene sentido.

Además, el pasado día 10 de agosto, el GV remitió al Ayuntamiento un escrito en el que manifestaba que el convenio “estaba en tramitación” y que “previsiblemente” se suscribiría en otoño. Recordamos que el domingo hay elecciones autonómicas y el actual Gobierno Vasco en manos del PNV, dice que no ha elaborado ni siquiera el borrador de presupuestos para no hipotecar a un futuro gobierno.

Por destacar alguna de las cláusulas anuladas, la 4ª anulada parcialmente, en relación con la indemnización de 10.000 euros por desistimiento que establecía su abono sólo a la oferta ganadora reconoce que , “no hay razón para privilegiar la posición del propuesto como adjudicatario que, además, no disfruta de ningún derecho adicional por tener esa condición”, según el artículo 160.2 del TRLCSP.

El OARC reconoce que se puede desistir del procedimiento si no existe financiación para el mismo, lo que no cabe es indemnizar tan sólo a la oferta ganadora, ya que los gastos y perjuicios de presentación de oferta son equiparables a todos los licitadores. Por lo tanto, ¿a quién se estaba pensando beneficiar con esa cláusula? ¿Quién iba a presentarse a la licitación con semejantes condiciones?

Sobre la modificación del contrato, el OARC deja claro que las causas para la misma deben ser mucho más precisas, pero en el pliego éstas son tan genéricas que “hace que cualquier circunstancia pueda ocasionar la modificación del contrato hasta un 20%” (porcentaje que sólo podría ser de hasta un 10%). Una vez más una indefinición que pone en duda tanto el propio proyecto como su financiación.

Finalmente, queremos remarcar lo que venimos diciendo insistentemente: que todo proyecto presente o futuro de reforma del estadio de Anoeta debe hacerse cumpliendo al 100% con la legalidad vigente, cosa que no puede decirse que haya pasado hasta ahora, ni tampoco en los dos intentos fallidos anteriores.

Además, insistimos en que es imprescindible que la ciudadanía sepa con total transparencia de dónde van a salir los millones de euros que cuesta la reforma, y qué supone para las arcas públicas.

Recordamos que el reciente convenio firmado entre la Real Sociedad y Anoeta Kiroldegia plantea el no pago de ningún canon de alquiler hasta 2067. ¿Por qué? Porque se supone que la Real pagaría la parte de AK en la remodelación, y a cambio la Real podría utilizar el estadio sin pagar canon hasta 2067. El Ayuntamiento no pondría dinero en la remodelación pero renunciaría a cobrar un alquiler, lo que viene a ser lo mismo.

Por mucho que insistan algunos, eso tiene consecuencias en los ingresos del Ayuntamiento, y consecuencias también en el resto de instituciones que van poner dinero en esa remodelación.

Por lo tanto, la resolución del OARC nos reafirma en nuestra posición: hay que hacer las cosas bien, de acuerdo con la legalidad vigente y con total transparencia. Esto, hasta ahora, no ha pasado, y es la única manera de no volver una y otra vez a la casilla de salida. Nos reafirma también en nuestra labor de control de la gestión y del dinero públicos derivada de nuestra condición de representantes de la ciudadanía.

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