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Irabazi Donostia advierte que el convenio propuesto no respeta el convenio de 1993 y propone una ampliación de concesión que podría ser ilegal

El nuevo convenio propuesto se basa en una participación obligatoria de 25% de la Real. Plantea una participación del club del 50% para justificar el carácter altruista de la aportación del club, y plantea que la Real aporte un 22% más a cambio del uso del estadio hasta 2067 o en concepto de préstamo si no se pudiera hacer la ampliación de la concesión.

Entendemos que esto contraviene a lo estipulado en el convenio de 1993.

1 Sobre la supuesta participación obligatoria de 25% de la Real:
La estipulación segunda, punto 3, del convenio de 1993 dice: “La Real quedará obligada a participar en un 25% en los gastos derivados de las grandes reparaciones del estadio”. La cosa es bastante clara: la cifra del 25% solo vale para grandes reparaciones. La definición de qué es una gran reparación es clara en la Ley y no estamos ante una gran reparación, estamos ante una remodelación.
Es llamativa la confusión que mantiene el gobierno PNV-PSE cuando dice que “la Real debe aportar 25% en caso de grandes reformas”. Es algo simplemente falso. El 25% es en caso de grandes reparaciones. Nada más.

2 Sobre la participación propuesta de 50% de la Real:
¿Por qué 50% y no 25% o 90%?
Se basan en una premisa, para nosotras falsa, de participación obligatoria de la Real del 25% para poder resaltar el “esfuerzo altruista” de la Real en la remodelación. Cuando esa participación debería ser mucho mayor según el convenio de 1993, y con carácter obligatorio. Nada de altruismo.
La estipulación decimoprimera, punto 1, del convenio de 1993 dice que serán por cuenta de la Real todos aquellos gastos de reforma ocasionados por la adaptación del estadio a las disposiciones y acuerdos federativos. Asimismo serán por cuenta de la Real todas aquellas reformas derivadas de razones técnico-deportivas, etc.”
Querer acercar las gradas al campo es para nosotras una necesidad técnico-deportiva. Una necesidad legítima pero que debe ser financiada por el club.

3 Quizás es necesario recordar lo que pasó en el momento de la firma del convenio de 1993:
Cuando se construyó el estadio, el coste total fue de unos 30 millones, la Real puso 3 millones, y a cambio se le dejó utilizar el estadio sin abonar canon durante 40 años. La propia Real reconoce en sus cuentas auditadas que el valor razonable del derecho de uso calculado por un experto independiente a solicitud de la Real, era de 63 millones.
63 millones para 40 años, esto nos da un precio de alquiler que oscila entre 1 y 2 millones al año, según la evolución del IPC.
Significa que la Real ha pagado el equivalente de 2 o 3 años de alquiler con su aportación inicial y ha podido utilizar el estadio sin abonar canon durante 37 años.
La metáfora es simple y fácil de entender: “tengo una casa, te dejo vivir en ella durante 37 años, pero si quieres reformar la cocina, lo pagas tu”.

4 Sobre la ampliación de la concesión hasta 2067:
Primero decir que el calculo que sirve de base para estimar el numero de años adicionales para la concesión ofrece una cifra de 500 000€/año. Una cifra bastante diferente a la que se puede deducir del valor de uso del estadio durante 40 años calculado por un experto independiente a petición de la Real.
Por otra parte creemos que esa concesión se debe modificar de acuerdo al TRLCSP, donde se prohíben las modificaciones del contrato que sean sustanciales sin pasar por un concurso previo.
También creemos que la Comisión Europea podría llegar a considerar que esto constituye una ayuda ilegal en el sentido del Reglamento (CE) nº 659/1999. Algo que pasó con el PSV Eindhoven en un análisis de la Comisión Europea en 2013.

5 Sobre el préstamo en caso de no poder ampliar la concesión:
Entendemos que plantear la posibilidad de que AK deba devolver en 5 años el dinero “prestado” por la Real es algo que es contradictorio al punto 3 del acuerdo firmado por PP, EH Bildu, PNV y PSE y que dice “Los grupos municipales se comprometen, asimismo, a no realizar aportación económica alguna desde el Ayuntamiento a Anoeta Kiroldegia para la financiación de la remodelación de Anoeta”.
Se comprometen a no aportar dinero municipal a la remodelación, y luego votan todos a favor de una convenio que plantea lo contrario en caso de que no se pueda ampliar la concesión.
No es serio.

6 La necesidad de ampliación del estadio no está justificada:
Desplome tanto del numero de abonados como de la asistencia. Los abonados de las localidades más baratas se dan de baja en mayor proporción. La justificación de la demanda para el fútbol no se sostiene. No ha parado de bajar desde hace 5 años.
Equipos de rugby franceses han bajado de categoría con lo cual no se puede prever partidos de rugby en Anoeta. La justificación de la demanda para el rugby tampoco se sostiene.
Media de asistencia a conciertos = 38 000. Mayor asistencia a un concierto 45 000. Aforo estadio graderio + campo de juego = 52 000. No existe una demanda imperiosa de aumento de aforo para los conciertos.

7 El aumento del aforo podría perjudicar a la Real:
A esto hay que añadir la reciente decisión de la LFP de cambiar las reglas del reparto de los derechos televisivos, y sancionar a los equipos con reducción de derechos de televisión cuando las gradas visibles en televisión no se ven llenas.
Este año la asistencia a los partidos no ha llegado a llenar ni el 65% del estadio. Con 11000 plazas más como lo plantea la remodelación, esa cifra bajaría a 48%.
Existe un riesgo real de que la ampliación, en lugar de aportar 10M adicionales de ingresos por derechos de televisión, termine quitando ingresos al club. Es un punto muy sensible porque en el caso de la Real Sociedad, los ingresos por derechos televisivos se sitúan entorno a los 45 millones y son casi 6 veces superiores a los ingresos generados por los espectadores físicos.

8 Hay lagunas en la financiación
No existen todavía documentos formales que acrediten el compromiso del Gobierno Vasco y de la Diputación.
Se propone una participación 36,7 millones de la Real cuando su junta de accionistas estableció un tope de 36 millones.

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