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Clausulas sociales en la contratación pública

La capacidad de generar empleo de las administraciones públicas es incuestionable, tanto de forma directa como indirecta a través de la contratación pública. El Ayuntamiento de Donostia no es una excepción, y subcontrata un número muy importante de servicios que son de su competencia, como por ejemplo: la limpieza viaria y de los edificios municipales, la recogida de residuos, la atención domiciliaria, o la atención a la infancia y a las familias. Muchos de estos empleos son realizados por mujeres.

Recientemente desde Irabazi Donostia hemos solicitado información sobre los empleos que genera de manera indirecta el Ayuntamiento a través de la subcontratación. Por destacar algunos datos, el Ayuntamiento tiene 39 contratos por un importe de 58,3 millones de euros/anuales, por los que debe pagar cerca de 7 millones de IVA al año. Esos contratos suponen 1.825.000 horas de trabajo al año, que sobre la base de una jornada laboral de 1.700 horas/año, ocuparían a 1.120 personas. No obstante el Gobierno municipal carece de información concreta sobre el número de personas empleadas por esas empresas para la prestación de los servicios subcontratados.

En relación a los convenios colectivos correspondientes a esos 39 contratos, 13 tienen convenio provincial, 6 de empresa, 7 convenio de ámbito superior y respecto a otras 7, el Ayuntamiento no tiene datos.

Toda esta información pone en evidencia que el Ayuntamiento como administración pública no puede limitarse a sacar un servicio a concurso, firmar un contrato y esperar a que haya que volver a sacarlo a concurso o prorrogarlo. El importante número de personas que trabajan en la prestación de esos servicios subcontratados de competencia municipal, así como sus condiciones laborales o el coste de los mismos, es suficiente como para que con el dinero de toda la sociedad en su conjunto no se generen empleos precarios que mermen la calidad de los servicios públicos.

Las administraciones públicas, y el Ayuntamiento de Donostia / San Sebastián no es una excepción, han ido incluyendo una serie de cláusulas sociales en los contratos que formalizan para la prestación de los servicios de competencia municipal. La introducción de estas cláusulas supone la asunción por parte del Ayuntamiento de un compromiso porque el empleo subcontratado que genera cumpla con unas condiciones laborales, sociales, de igualdad, lingüísticas o medio ambientales mínimas.

En el caso del Ayuntamiento de Donostia / San Sebastián, el anterior Gobierno liderado por EH Bildu, aprobó las “Instrucciones para la incorporación de criterios sociales, ambientales, éticos, laborales, lingüísticos y de igualdad en la contratación del Ayuntamiento de Donostia/ San Sebastián”. En su apartado Cuarto, de Evaluación y Seguimiento, prevé la creación de “una Comisión técnica para el seguimiento y evaluación de la aplicación de las cláusulas sociales en la contratación de este Ayuntamiento.

La labor de esa Comisión es la de establecer una serie de mecanismos de revisión de los pliegos de las cláusulas administrativas para controlar que se han incorporado las cláusulas sociales establecidas en la Instrucción. Además, deberá buscar las vías jurídicas para que se apliquen las condiciones exigidas, y realizar una evaluación de los contratos para poder elaborar propuestas de mejora estructurales, organizativas o económicas en la introducción de este tipo de criterios en la contratación administrativa municipal.

Por lo tanto, consideramos que es imprescindible garantizar el buen funcionamiento de la citada Comisión de Evaluación y Seguimiento por varias razones. Por una parte, porque de nada sirve incluir determinadas condiciones en los contratos que suscribe el Ayuntamiento si después no se hace un seguimiento de que eso se cumple.

Por otra, y dado que el Gobierno municipal de PNV y PSE ni siquiera tiene la voluntad de estudiar los servicios que se podrían prestar de manera directa, tal y como hemos propuesto desde Irabazi Donosita en varias ocasiones, como mínimo debe saber qué incidencia tiene en el empleo que genera, ya que por mucho que insistan en que eso sólo atañe a las empresas con las que contrata, esos puestos de trabajo los crea el propio Ayuntamiento.

Por nuestra parte, hemos pedido que los informes que elabore la Comisión de Evaluación y Seguimiento sean trimestrales y estén a disposición de todos los grupos municipales, de manera que toda la corporación conozcamos si se cumplen o no los criterios que se establecen en las contrataciones públicas, y podamos hacer propuestas al respecto, como por ejemplo penalizar o no volver a contratar en posteriores licitaciones a quien incumpla estos criterios.

Desde Irabazi Donostia consideramos que nuestra obligación es velar por una buena gestión de los recursos públicos y la calidad del empleo que se genera con ellos también lo es.

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